¿Un salto al vacío?
Por Carlos Moreira y Sebastián Moreira
La evolución de los movimientos sociales en Uruguay presenta algunas características que es necesario destacar.
En primer lugar, desde el nacimiento del Uruguay los partidos políticos y el Estado han tenido un papel tan fundamental, que es posible afirmar que no ha existido hasta el momento una tradición destacable de movimientos sociales que hubieran podido controlar, vigilar u obstruir el accionar de los mismos. No significa esto que no hayan existido a lo largo del Siglo XX experiencias sociales de tipo político, si no que los movimientos han estado tan estrechamente vinculados a los aparatos partidarios que han funcionado como una suerte de “brazo social” de los partidos políticos. Fundamentalmente se puede decir que las representaciones de las dos grandes corrientes (obrera y estudiantil) que nacieron en la primera mitad del siglo pasado fueron abandonando la lucha eminentemente social para afianzarse, en mayor o menor medida, a partir de los años setenta entorno a un proyecto partidario, proceso que desembocó en la fundación del Frente Amplio.
Si nos concentramos en los últimos años, a la salida de la dictadura esos movimientos fueron conformando una trayectoria de cierta relevancia, a partir de este bloque progresista que alcanzó su apogeo con el plebiscito de 1992 que logró frenar la estrategia privatizadora del gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero ciertamente no encontramos allí un movimiento social independiente, sino un actor que actuó nuevamente de manera dependiente de la estrategia político partidaria del Frente Amplio.
En segundo lugar, resulta destacable que el movimiento social uruguayo optó, en esa y otras ocasiones, por la apelación a un formato institucional, a través de los recursos de plebiscitos y referéndums establecidos en
En tercer lugar los líderes sociales están no sólo estrechamente imbricados al Estado y los partidos, siendo dependiente de ellos, al punto que la afirmación de la dirigente social argentina Milagros Sala sobre que “los políticos son los políticos, y los dirigentes sociales, son los dirigentes sociales”, en Uruguay es una frase de ficción. No extraña, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los representantes de la campaña por la nulidad de Ley de Caducidad fuesen conocidos por su vinculación partidaria, por más que quisiesen operar desde otros roles. De la misma manera no puede sorprender que el voto epistolar, sin figuras o instituciones con peso partidario apoyando la iniciativa, haya quedado poco menos que en el anonimato.
Ahora bien, en este contexto, se debe prestar atención a la actitud del movimiento uruguayo en el contexto actual, donde no se observan intentos de construcción de un movimiento social autónomo que controle, vigile, y exija en todo momento a los partidos y al Estado. La segunda vuelta electoral de finales de noviembre ha sido presentada como una situación de extrema polarización donde los modelos que representan cada una de las duplas son radicalmente opuestos.
En este sentido, las dos grandes organizaciones sociales uruguayas (FEUU por los estudiantes y PIT-CNT por los trabajadores) han tomado claras posturas al respecto. El PIT-CNT ha actuado rápida y previsiblemente; con la mayoría de sus miembros vinculados orgánicamente al Frente Amplio decidió declarar su apoyo a la formula Mujica – Astori.
Independientemente de esto, resultará interesante observar como evolucionará la relación entre los movimientos sociales y el Frente Amplio, ya con el desgaste de un período de gobierno. Esta cuestión, en un país que registra pocos movimientos fuertes que hayan quedado fuera de lo partidario, resulta imprevisible.
