La lucha contra la impunidad en Guatemala: el caso de la CICIG

jueves, 30 de julio de 2009


por Jahir Dabroy (*)

América Latina en su conjunto se ha caracterizado por una serie de momentos de crisis e inestabilidad política que han afectado no solo la institucionalidad encargada de mantener el control político, sino también la de ejercer el control social. Los puntos torales al momento de garantizar el sistema democrático son precisamente los que tienen que ver con reglas claras, libertad, acceso a la justicia, cumplimiento de la ley y ausencia de impunidad.

La impunidad debe ser entendida como la “falta de castigo”, la ausencia de cumplimiento de la ley. Esto genera un encadenamiento de diversos componentes que repercuten en ilegitimidad del sistema democrático, al existir personas que transgredan, instituciones que no hacen cumplir la ley existente, entes de seguridad que sopesan su actuación en función de que el delito no será castigado, entre otros. Esto puede ser mejor comprendido con la siguiente gráfica:


> >

Cuando la impunidad llega al punto F, el sistema político democrático entra en crisis, por lo que se acentúan las crisis de gobernabilidad, misma que ya fue creciendo entre frontera y frontera, las reglas informales superan a las formales y la incertidumbre es latente y mucho más evidente respectivamente. Además, si se observa con precisión, cada frontera es más delgada conforme se acerca al punto F.

Guatemala, situación alarmante

Guatemala es un país con un alto nivel de violencia criminal. Según la Organización de Naciones Unidas –ONU-, en Guatemala se registran más de 6 mil asesinatos anuales y el porcentaje de casos impunes asciende al 98%, siendo uno de los más altos del mundo.

Bajo ese marco tan limitado de acción de la institucionalidad estatal, la impunidad ha sido motivada también en muchos casos por una clase política vinculada al crimen organizado y a la violencia de Estado. Para nadie es un secreto que esta clase política, ha cooptado las instituciones públicas para que funcionen de acuerdo a sus intereses.

La CICIG, lucha contra la impunidad.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, es una misión la ONU (a petición del Gobierno de Guatemala), que tiene a su cargo desmantelar los cuerpos del crimen organizado que operan en el país, así como evidenciar los nexos que estos tienen con las estructuras de gobierno. La CICIG también puede constituirse como querellante adhesiva en los procesos que se presenten contra personas involucradas en estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

La CICIG mediante la investigación y lucha contra la impunidad busca recuperar y fortalecer la institucionalidad estatal que puede estar vinculada a la existencia de grupos paralelos enquistados en redes públicas. Su trabajo se centra en tres áreas principales y que han sido recurrentemente señaladas de estar permeadas por la impunidad, siendo estos la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario.

La CICIG ha empezado a dar algunos resultados en su lucha contra la impunidad en Guatemala. Dentro de ellos, Carlos Castresana, Comisionado de la CICIG, manifestó recientemente ante la sede de la ONU en New York, que se ha avanzado en las investigaciones contra grupos clandestinos, estructuras paralelas y narcotráfico.

La CICIG ha determinado la infiltración del crimen organizado en todos los poderes del Estado, situación que parecía obvia, pero que toma un mayor realce al ser señalada por el Sistema de Naciones Unidas. Asimismo, señala los vínculos de los cuerpos clandestinos con el sector justicia, el Organismo Legislativo y las empresas privadas, donde sobresalen los medios de comunicación como moldeadores de la opinión pública.

Guatemala fue la primera experiencia de la ONU en investigar al crimen organizado. Luego de la experiencia que se ha adquirido en territorio guatemalteco se decidió implementar una comisión similar para el Líbano, con la diferencia que los casos que en dicho país se investiguen serán llevados ante la Corte Penal Internacional, cosa distinta para Guatemala, donde se respeta la discutida “soberanía nacional”, al ser llevados los casos a tribunales guatemaltecos.

El caso guatemalteco puede sentar un precedente importante para el mundo y especialmente para la región, donde la implementación de mecanismos de acción de la cooperación internacional facilitan la lucha contra la impunidad y fortalecen a la institucionalidad que persigue el delito e impone justicia, para lo cual será necesario el debate público de cada sociedad interesada en implementar un recurso similar.

(*) Politólogo, Universidad de San Carlos de Guatemala

PRONUNCIAMIENTO CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA CARRERA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

martes, 28 de julio de 2009


El Claustro de Profesores de la Carrera de Historia ante la comunidad nacional da a conocer su posición respecto a la situación denunciada por los actos que se vienen gestando alrededor de la cultura, los bienes patrimoniales y las personas que los custodian
1.
Ante la denuncia presentada el día 21 de Julio por la Sra. Mirna Castro (Secretaría de Cultura, Artes y Deportes) solicitando se derogue el programa Cultural del Alba por “…dotar de literatura revolucionaria y progresista... por venir en detrimento de la cultura nacional...”, al respecto manifestamos nuestra disconformidad por su postura intolerante, no dialógica y reñida con los principios de la libre expresión propios de la democracia. Nos causa mucha sorpresa semejante aseveración dado que conocemos la labor que desde hace muchos años esa Secretaria de Cultura ha realizado a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que ha logrado abrir 135 bibliotecas en un país donde los índices de analfabetismo son de 19% (INE-2008) y donde la lectura resulta un “lujo” para la población. Los títulos hasta ahora publicados por esa Secretaria son de un gran valor para el acervo nacional al re-imprimir una gran cantidad de autores nacionales clásicos, obras de referencia y las últimas novedades en materia de investigación y creación desarrolladas por nuestros historiadores y literatos nacionales.

2.
El conocimiento y aprehensión de la realidad son principios esgrimidos hace dos siglos por la Ilustración y resulta insultante que hoy día se nos diga que debemos sesgar nuestro conocimiento. La historia como todo conocimiento solo puede renovarse a través de esgrimir un pensamiento social crítico coherente con los movimientos sociales actuales, despojado de toda censura y con la seguridad que da la creación de un pensamiento libre que se convierte en uno de los factores que nos permitirá salir del subdesarrollo.

3.
Consideramos inadmisible que se ciernan amenazas al trabajo de los cientistas sociales y gestores culturales porque pone en evidencia la intolerancia política y el desconocimiento del quehacer propio de sus funciones. Dado lo anterior manifestamos nuestra solidaridad gremial y reconocimiento académico a la labor desempeñada por la licenciada en Historia, Natalie Roque en la Hemeroteca Nacional.

4.
La Lic. Roque ha venido desempeñando una ardua y efectiva labor en la Hemeroteca Nacional en la que, por primera vez después de muchos años de indiferencia, se ha facilitado información hemerográfica organizada y digitalizada con criterios científico-técnicos, proyecto que se ha ampliado a la difusión del patrimonio hemerográfico a través de dos publicaciones de inestimable valor para los historiadores y cientistas sociales en general: "Las noticias de Hoy" y "Esta semana en la Historia : las noticias del Ayer". Después de muchos años de oscurantismo e indiferencia la Hemeroteca Nacional está prestando un servicio diligente y eficiente y es precisamente ahora cuando se está intentando truncar este esfuerzo.

5.
Como historiadores nos preocupan los daños y rumores que circulan ante un posible uso incompatible de los edificios y los bienes de valor patrimonial de la nación. La Ley del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 220-97) protege los bienes muebles e inmuebles y asegura su restauración, preservación y puesta en valor. Después de muchos años de esfuerzos de distintos gobiernos, de batallar contra el uso inadecuado, la falta de recursos y la indolencia de muchos gobernantes, se logró restaurar en un 90 % el edificio que ocupaba la antigua Casa Presidencial dándole un uso noble al albergar el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras (CDIHH) espacio en el que finalmente los cientistas sociales nacionales y extranjeros pueden hacer dignamente sus investigaciones al concentrar el Archivo Nacional de Honduras, el Archivo Etnohistórico de Honduras y la Biblioteca del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Consideramos muy oportuna la aclaración hecha por las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) al establecer puntualmente el status protegido de que goza este edificio ante cualquier eventualidad que se presente en caso de conflicto armado o cualquier acción derivada o asociada del mismo, que pueda poner en peligro el edificio y sus bienes puesto que está protegido por la "Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado"( La Haya ,1954) .

6. Condenamos cualquier intento de acallar la memoria histórica puesto que representa el interés mas preciado de los pueblos. Gracias al trabajo paciente y callado de los historiadores, documentalistas, bibliotecólogos y archiveros es que nuestros archivos "hablan". Al inaugurar el Archivo Nacional de Honduras en 1880, Ramón Rosa decía:


"El archivo es la memoria de las naciones y...la urdimbre de la historia. Suprimid los archivos y los pueblos carecerán de la conciencia del pasado..."

Tegucigalpa, Ciudad Universitaria, 22 de julio del 2009.

Claustro de profesores de la Carrera de Historia de la UNAH

Bienvenidos a Waterlat

sábado, 25 de julio de 2009

Waterlat es una red de investigación abocada al tema de la Gobernabilidad y la Ciudadanía en la Gestión del Agua y la Salud Ambiental en América Latina.
La Red está formada por investigadores de Europa y América Latina y tiene vínculos con la comunidad de investigación GOBACIT, un grupo más amplio que incluye también colaboradores en África y Asia.
A continuación, parte de la entrevista al colega José Esteban Castro, coordinador de Waterlat, realizada por la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas Argentina del Instituto Leloir, en el pasado mes de mayo.



Gran parte de la humanidad continúa enfermando y muriendo por enfermedades prevenibles debido a la falta de acceso a los servicios de agua limpia y saneamiento. De acuerdo con un libro recién publicado, que reúne investigaciones de 34 expertos de 20 países, eso no se debe a la falta de tecnologías adecuadas, sino que se trata más bien de “un problema fundamentalmente social, ético y político”.

Desde el año 2000 la comunidad internacional adoptó las así llamadas Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), que en el caso de los servicios de agua y saneamiento se proponen reducir a la mitad la población mundial que carece de acceso a agua limpia y a los servicios de saneamiento básico (recolección, tratamiento y disposición de desechos líquidos y sólidos), para el año 2015.

Sin embargo, el más reciente informe global sobre el tema, el Tercer Informe Mundial del Agua de la UNESCO publicado en marzo de 2009 reconoce que “de acuerdo a las tendencias actuales la meta (de las MDM) para los servicios de saneamiento no será alcanzada por un amplio margen en la mayoría de los países en desarrollo”.

“Casi la mitad de la población mundial carece de acceso a estos servicios. Esto significa que millones de seres humanos continuarán enfermando y muriendo como consecuencia de enfermedades hídricas prevenibles como las infecciones diarreicas, la Hepatitis A, la fiebre tifoidea, y el dengue, entre otras”, indica el doctor José Esteban Castro que se desempeña como catedrático en Sociología en la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Y agrega: “esta situación no es explicable como el resultado de la falta de conocimiento técnico o de tecnologías adecuadas para garantizar esos servicios a todas las personas, sino que se trata más bien de un problema fundamentalmente social, ético y político”.

Con el objetivo de subrayar y difundir las dificultades que impiden la universalización de esos servicios y proponer al mismo tiempo soluciones para lograr esos objetivos, Castro, en asociación con el doctor Léo Heller, profesor en Ingeniería Sanitaria y Epidemiología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, dirigieron la edición de un libro titulado Servicios de Agua y Saneamiento: políticas públicas y gestión.

“El objetivo de nuestro trabajo es el de estimular la producción de conocimiento científico en un área en la que consideramos existe un vacío en la investigación, que es la interface entre la gestión técnica de las empresas y las políticas públicas en el sector de los servicios de agua y saneamiento. Especialmente nos preocupa promover una mayor sinergia entre las ciencias sociales y las disciplinas tecno-científicas (ingeniería e hidrología entre otras), que por la naturaleza de este sector de actividad son las que han tenido el rol central en la producción de conocimiento sobre el tema”, señala Castro que también es coordinador de la red de investigación sobre agua, gobernabilidad y ciudadanía en América Latina WATERLAT (www.waterlat.org), que cuenta con investigadores en la mayoría de los países de la región incluyendo Argentina y Brasil.

“También nos interesa”, señala Castro, “promover una mayor interacción entre los diversos sectores de responsabilidad pública involucrados en el tema, especialmente una mayor colaboración intersectorial entre los organismos encargados de la gestión del agua y aquellos que tienen responsabilidad por los servicios básicos de agua y saneamiento y la salud pública. Es decir, creemos que la búsqueda de soluciones concretas que permitan que los grandes adelantos tecnológicos beneficien al conjunto de la población y no sólo a algunos sectores requiere que logremos niveles más elevados de coordinación interdisciplinaria e intersectorial”.

Castro y sus colaboradores parten del reconocimiento de que la organización y gestión de servicios públicos esenciales como los de agua y saneamiento presuponen una sólida base de conocimiento y pericia técnicos.

Dado que en la actualidad están disponibles los medios técnicos para asegurar el suministro de estos servicios, el que gran parte de la humanidad no tenga acceso a ese derecho básico se debe a problemas socio-económicos y políticos de carácter estructural.

Para dar cuenta del avance científico y técnico, el libro describe una gran diversidad de casos, por ejemplo el de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, y Suecia) en donde históricamente los gobiernos municipales en las ciudades y las cooperativas en la áreas rurales lograron universalizar estos servicios y mantenerlos en funcionamiento con los grados de calidad más elevados de Europa.

Otros casos importantes que se discuten en detalle en el libro son los de Estados Unidos y Canadá, en los cuales, afirman los autores, “se hizo posible extender el beneficio del desarrollo tecnológico al conjunto de la población mediante la acción decisiva del estado, particularmente en relación a las inversiones y al modelo de gestión. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayor parte de la población recibe sus servicios de agua y saneamiento de empresas públicas, especialmente municipales.” Por lo tanto, como conclusión los autores destacan que “la organización y control general de esos servicios deben estar en manos del estado, no puede dejarse este sector estratégico a la voluntad de los actores particulares, trátese de comunidades, empresas privadas o otros actores de nivel local o regional”.

Para Castro y sus colegas, la solución al problema requiere que las sociedades “reconozcan que los servicios de agua y saneamiento no deben ser considerados como una mercancía a la que sólo pueden acceder aquellos que pueden pagar por ellos, sino que más bien constituyen una responsabilidad social y pública que debe asumir el Estado. En realidad, poner el conocimiento científico y tecnológico al servicio del conjunto de la sociedad mediante la universalización de un derecho básico para el sostenimiento de la vida humana como es el agua limpia constituye uno de los retos éticos que confrontamos en el siglo veintiuno”.

Cayendo en la realidad

martes, 21 de julio de 2009


BOTNIA DESMIENTE A BOTNIA

por Víctor L. Bacchetta (*)

El reciente anuncio de un cambio en la titularidad de las acciones en Botnia, por el cual UPM se quedará con la totalidad de las acciones de Botnia en Uruguay, ha permitido conocer algunas cifras reales sobre la magnitud del empleo absorbido por estas empresas en el país

En el momento de su instalación en Uruguay, los cálculos de Botnia afirmaban que, una vez terminada la construcción en el año 2007, trabajarían en la operativa diaria de la planta unas 300 personas, mientras que los empleos en el área forestal y otros sectores proveedores directos del proceso serían cercanos a 5.000. A ello sumaba el efecto de "empleo indirecto" sobre el consumo privado y la inversión que estimaba en 3.000 puestos más, creciendo a lo largo de los años. Así, Botnia prometía la creación de más de 8.000 nuevos empleos en el país.

Ya en el año 2008 las cifras oficiales de la empresa comenzaron a modificarse. Según los datos del sitio Web de Botnia, la planta, la empresa de mantenimiento, la industria química y la división forestal ocupaban 220, 100, 40 y 2.190 personas, respectivamente, totalizando 2.550 personas contratadas directamente. A su vez, contabilizaba 3.591 empleos indirectos, que iban desde la industria, el comercio y el transporte, hasta los servicios gubernamentales (sic). Por estas cifras, Botnia generaba 6.141 empleos, casi 2.000 menos de lo anunciado en 2007.

En este año 2009, Botnia vuelve a modificar las cifras. Presenta ahora unas cifras globales, que estiman en 4.023 los empleos directos - atribuidos a la planta, forestación y logística - y en 3.723 los indirectos, lo que daría un total de 7.746 puestos de trabajo. De esta manera, nos estaríamos acercando otra vez a los 8.000 empleos prometidos inicialmente, pero ocurre que estas cifras no son confirmadas por los socios mayoritarios de la empresa.

Junto con el anuncio de un remanejo de las acciones de Botnia, el nuevo propietario del negocio en Uruguay, la multinacional finlandesa UPM, presentó cifras mucho menores que las divulgadas en la página de Botnia-Fray Bentos. De acuerdo con UPM, los puestos de trabajo en la planta de celulosa son unos 200, mientras que Forestal Oriental tiene 360 empleos directos y alrededor de 2.400 indirectos. Esas cifras son corroboradas por el socio que vende su parte, Metsaliitto, quien informa que la planta y Forestal Oriental poseen 550 empleados en el país.

De esta manera, venimos a saber que Botnia, incluyendo la planta de celulosa y las actividades forestales emplea en forma estable apenas a unos 550 trabajadores. En cuanto a los empleos indirectos no se pueden hacer valoraciones porque no pueden ser medidos en ninguna parte y, además, la empresa los cambia continuamente. De todas maneras, queda claro que se trata de trabajadores a destajo o contratistas puntuales, sin ninguna estabilidad laboral.

(*) Periodista

¿Quién es Ricardo Martinelli?

viernes, 17 de julio de 2009



por Harry Brown (*)

Ricardo Martinelli, actual Presidente de Panamá, es el dueño de la cadena de supermercados más grande del país. Es un agrocomerciante, ya que además de la propiedad de la cadena de supermercados, tiene importantes intereses en el ámbito agropecuario.
Martinelli lidera Cambio Democrático (CD), que es su partido, el que creó para postularse y ganar la presidencia.

En el periodo 1994-1999, el Presidente de la República fue Ernesto Pérez Balladares, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático - PRD, y Martinelli que había colaborado con la campaña, fue designado Director de la Caja del Seguro Social.
Allí tuvo una relación conflictiva con los administrativos y con los médicos de la CSS, pero ante la opinión pública se proyectó como un político que tomaba decisiones necesarias e importantes. Por los conflictos que mantuvo con el personal, el gobierno lo separó de su cargo en la CSS.

En el periodo 1999-2004, en el gobierno conservador presidido por Mireya Moscoso, Martinelli tuvo un cargo simbólicamente importante, ya que fue designado al frente del Ministerio de Asuntos para el Canal de Panamá.
En síntesis, este empresario devenido en político, participó en gobiernos de diferente color, uno de centroizquierda, otro de derecha.

En el 2004, en las elecciones que ganó Martín Torrijos del PRD, Martinelli se postuló como candidato presidencial por su partido Cambio Democrático, sin alianzas de ningún tipo, y allí obtuvo apenas el 5% de los votos.

Desde el momento que perdió esas elecciones del 2004, comenzó a hacer campaña para las elecciones del 2009. Conformó una alianza con los partidos tradicionales, en oposición a la candidata oficialista del PRD Balbina Herrera Araúz, y ganó las elecciones con el 60% de los votos.

La principal característica del gobierno de Martinelli es la incertidumbre.
Desde que Panamá inició la transición a la democracia en 1989, ha habido gobiernos socialdemócratas y conservadores, en manos del PRD o el Partido Panameñista, que eran bien conocidos por la ciudadanía, y se sabía mas o menos cual era el estilo, se conocían las figuras que iban a gobernar, pero Ricardo Martinelli es verdaderamente una gran incógnita.

Por lo que se le conoce, se lo puede clasificar como un individuo que presidirá un gobierno de derecha, liberal en lo económico y conservador en lo social, sobre todo porque tiene una alianza con el Partido Panameñista, que es un partido socialmente conservador. Ha dicho que convertirá a Panamá en el centro de negocios más importantes de la región, y que se dedicará a combatir la corrupción.

Uno de los rasgos importantes de su gobierno va a ser la necesidad de atender la heterogenea alianza que lo llevó al poder, que no fue construida en base a importantes compromisos ideológicos o doctrinarios, lo cual lo obligará a estar permanentemente cuidando, coordinando y reeditando esta coalición de gobierno.

Finalmente hay que decir que durante su campaña electoral generalmente evitó hacer declaraciones fuertes que lo ubicaran ideológicamente, o tomar posiciones sobre lo que sucede en Latinoamérica, más allá de acusar a la candidata oficialista Herrera de tener relaciones con Venezuela y Hugo Chávez.
Siempre ha rehuido a las definiciones ideológicas, por ello resultó sorpresivo que en el momento de su toma de posesión declarara que con su llegada a la Presidencia el péndulo ideológico de Latinoamérica se movía hacia la derecha.

(*) Centro de Iniciativas Democráticas de Panamá (CIDEM)

Conversando con Simón Pachano (*)

miércoles, 15 de julio de 2009


¿Como están las cosas en Ecuador? ¿Cómo ves al gobierno?

Respecto a un balance de la gestión de Rafael Correa, yo creo que se puede ver un aspecto positivo y es que Ecuador necesitaba cambios profundos en su sistema político, en definitiva necesitaba redefinir totalmente sus instituciones, y eso es algo que ha emprendido el gobierno actual en su gran plan llamado la “revolución ciudadana”.

¿Y respecto a lo negativo?

Lo negativo es que eso no está llevando a una profundización de la democracia, no se está haciendo con procedimientos democráticos.
Se han violado no solamente las leyes, que incluso se podría decir que en un momento de cambio hay que violar ciertas leyes del viejo régimen, sino también acuerdos propios de esta “revolución ciudadana”, y las leyes que han ido surgiendo de este proceso.
La propia Constitución, el día que se puso en vigencia, fue violada con el auspicio del gobierno por la Corte Constitucional.

¿Entonces, que podemos esperar para el futuro?


Este es un proceso que no augura buenos resultados porque se están haciendo las mismas prácticas de siempre, además que existen asuntos de corrupción, que están apareciendo en estos últimos días, sobre todo con los contratos del hermano del Presidente con el Estado.

Rafael Correa tuvo un papel destacado en la crisis hondureña, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Creo que tambien hay un aspecto positivo, ya que Ecuador se puso en la primera fila, junto a los países del ALBA, para enfrentar el golpe, y creo que esto fue sin duda un elemento fundamental para que la OEA tomara la posición que tomó, que fue hacer respetar la Carta Democrática a como de lugar, y que por primera vez este organismo internacional se opuso a un golpe de Estado.

¿Y el aspecto negativo?

Es que el Presidente Correa, en lugar de dejar que sea la OEA la que se encargue de procesar todas las crisis, por el mandato que le han dado los países y por la decisión que se tomó en el Comité de Seguridad, junto a la Presidenta Cristina Fernández y el Presidente Lugo intervino directamente como país, en lo que ya entra en el plano de la intervención en los asuntos de otros países. Es muy diferente que un organismo internacional intervenga en una crisis de un país, porque tiene un mandato para eso, a que lo hagan países como lo hicieron estos tres Presidentes.


(*) FLACSO Ecuador

Reunión de la Red

martes, 14 de julio de 2009


Los días 9 y 10 de julio se reunieron en Santiago de Chile los miembros de la Red de Estudios de Calidad de la Democracia en América Latina (RECDAL), coordinada por Jesús Tovar del Colegio Mexiquense (Toluca, México) y Leonardo Morlino del Istituto Italiano di Scienze Umane (Florencia, Italia).
En la reunión se realizó un balance académico de la investigación anual sobre la calidad de la democracia en América Latina que realiza la Red y que se encuentra en la fase de elaboración de las bases de datos. Además se presentó el estado contable y se estableció un plan de actividades para el segundo semestre del 2009, donde se destacan la publicación de los dos primeros libros de la Red y la participación de sus académicos en numerosos eventos regionales.
Finalmente se expresaron fervientes deseos para la pronta recuperación de nuestro colega y amigo Javier Duque de la Universidad del Valle (Calí, Colombia).

ARGENTINA: ¿POS-ELECCIONES O POS-KIRCHNERISMO?

sábado, 11 de julio de 2009

por DIEGO M. RAUS (*)

Es curioso en cierta manera el panorama político argentino a dos semanas de las elecciones legislativas que marcaron un duro golpe a las aspiraciones “legitimistas” del kirchnerismo gobernante. Por un lado, el gobierno está reaccionando, espasmódicamente, pero en una dirección de cierta coherencia con el mensaje electoral. Por otro lado, parte de la oposición pero sobre todo ciertos medios de comunicación actúan como si hubiesen esperado que el revés electoral se continuara con la auto abdicación del gobierno.
En medio del conflicto con el campo por el impuesto a las retenciones, desde un cenáculo de intelectuales afines al gobierno se acuñó el término destituyente (en forma completa ánimo destituyente) para significar las veladas intenciones que en realidad encubrían la resistencia a dicho impuesto por parte, no solo de los sectores impositivamente afectados, sino también por gran parte del arco político y comunicacional opositor. El término refería a que en realidad se quería terminar con el gobierno de Cristina de Kirchner. Esta supuesta intención sonaba, y suena, exagerada, aunque al gobierno, y sobre todo a Néstor Kirchner, le vino bien para articular un discurso confrontativo en torno a la defensa de un modelo y una épica que nunca se vio claramente durante su gobierno.
Ahora bien, pasadas las elecciones ciertos medios de comunicación y algunas franjas de la oposición política se comportan discursivamente como si el gobierno de Cristina de Kirchner tuviera que autoinmolarse con una renuncia en masa o, al menos, aceptando sin protestar las principales reivindicaciones de esos sectores opositores. Amén, por supuesto, de ceder toda intención de seguir generando políticas de gobierno desde iniciativas propias. Es decir, actuando como si el gobierno hubiese tenido que autodestituirse dada su derrota.
Las elecciones de término medio se justifican en el necesario recambio en la composición de las instituciones del sistema política, pero también en la búsqueda de conformar consensos mayoritarios al gobierno de turno. Más allá del impacto institucional (número de bancas a ganar o perder), es cierto que en términos de legitimidad política los oficialismos arriesgan mucho más que las oposiciones (véase el reciente caso de México el domingo 5 de julio). Los gobiernos arriesgan nada menos que el capital político logrado que los llevó al poder. En cambio la/s oposición/es gana/n capital político si triunfa/n y solo aguarda/n la próxima elección si pierde/n. Pero no tiene que seguir gobernando como el oficialismo, por lo tanto el output en términos de legitimidad política ganada o perdida no impacta sobre su estructura partidario ni se sufre de manera similar.
Algunas de las causas de la derrota del Gobierno de Cristina en las elecciones del 28 de Junio las expuse en este espacio al día siguiente. Más allá de la relativa densidad de esas causas y del revés inesperado para el gobierno, el resultado significó la pérdida de bancas legislativas y una herida al narcisismo del gobierno en tanto, reitero, en parte de él se había sustentado la idea de estar en juego una épica cuasi histórica. Pero nada más. Y repito, nada más. Ese resultado electoral no significó que el gobierno debiera renunciar, no implicó la necesidad de cambiar a la totalidad de su gabinete y de sus equipos técnicos, no implicó que debiera renunciar a llevar adelante políticas que juzga necesarias y válidas de realizar porque así estaban inscriptas en su programa electoral, no supuso que debiera renunciar a la palabra y al discurso político, no significó que debiera acatar los mandatos de las oposiciones triunfantes; en fin, no significó la autodestitución.
Si en cambio significa -ese resultado electoral- la inteligencia y la reflexión necesaria para saber mover el timón en la dirección deseada pero dando los barquinazos necesarios para desprenderse de lo que no funciona (algunas palabras, algunas confrontaciones, algunas políticas, algunos hombres y mujeres), pues es cierto que hay cosas que la sociedad castigó con el voto y no se pueden leer solo como un malhumor de las clases medias, es todo lo que un oficialismo derrotado debe hacer. ¿Hay signos de que el gobierno argentino va en esa dirección? Si, los hay, tenues y espasmódicos al principio, un poco más contundentes ahora, hay señales de reacción al resultado electoral, es decir se están adoptando cambios en algunas estructuras institucionales o en ciertas políticas en etapas, Y es todo lo que tiene que hacer un gobierno democrático luego de una elección intermedia. Es necesario ahora que cierta oposición política y comunicacional lo entienda y no pida más ni pretenda más. Pues ahí sí se transformaría en destituyente.

(*) Director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús

2009: la fascinación por el “regreso” del PRI

martes, 7 de julio de 2009


por Miguel Armando López Leyva (*)


Un día después de la jornada electoral mexicana, la prensa escrita coincide en una apreciación general: el vencedor es el PRI. “Arrasan priistas”: Reforma; “PRI noquea a AN y PRD en la elección federal”: La Jornada; “Regresa el PRI”: El Universal; “Arrasa el PRI”: Excelsior; “El PRI aplasta al Presidente”: Milenio Diario, dicen los titulares de los principales diarios. Esta apreciación no es nueva, una muy similar se gestó en los comicios intermedios de 2003 cuando el PAN, después de una intensa campaña electoral bajo el lema “quítale el freno al cambio”, se quedó con 149 diputados de los 205 que ganó en 2000 (mientras el PRI subió, no tan significativamente como ahora, de 208 legisladores a 224).

A esta fascinación por el retorno exitoso del otrora partido gobernante se le escapan algunos ingredientes importantes que tenderían a matizar el tono -incluso exagerado, como en el caso más claro de Milenio- de los encabezados.


1- ¿Cuál es el triunfo del PRI? ¿Por qué “arrasa” o “regresa”, incluso “aplasta”? De acuerdo con las cifras (no oficiales) del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI obtendría casi el 37% de los votos contra el 28% del PAN; en términos de escaños en la Cámara de Diputados, las proyecciones indican que el primero quedaría con 233 diputados (de los 106 que tenía) mientras que el partido en el gobierno tendría 146 (de los 206 que tenía). ¿Es un triunfo del PRI? Sin duda, en buena medida porque habla de la capacidad de recuperación de ese partido que, desde 2000, ha logrado sortear fracturas y disidencias internas de distinta índole. ¿Es un triunfo “arrasador”? En realidad no lo es, porque a) en términos porcentuales, se quedará con poco más de una tercera parte del electorado y b) a pesar de la notable recuperación mostrada, queda debajo de tener la mayoría absoluta de los diputados, el objetivo más importante que se puede tener en una competencia electoral de medio término. ¿Es el “regreso” del PRI? No, porque el PRI no se ha ido, a nivel nacional ha sido una fuerza que ha gravitado sólidamente desde que perdió la Presidencia en 2000, sin posibilidades reales de desaparecer, pero es evidente que su mayor fortaleza se encuentra en los estados, en lo particular en los que gobierna. Ahí, su capacidad de movilización y gestión territorial ha logrado consolidarlo como un actor político de peso, como se manifiesta en estos comicios: refrendaron las gubernaturas en tres de seis entidades en disputa y, si nos guiamos por las cifras preliminares, muy probablemente le arrebataron a Acción Nacional dos de ellas (Querétaro y San Luis Potosí). ¿El PRI “aplastó” al Presidente? No, porque sumado a las razones anteriores, no se olvide que la realidad del gobierno dividido está presente desde 1997, lo que ha llevado a tres presidentes seguidos a negociar con bancadas opositoras para conseguir acuerdos positivos para sus propuestas de políticas públicas. Pero, de mayor trascendencia aún, la modificación numérica en escaños no variará sustancialmente la dinámica de negociación entre el Presidente y el Congreso por una razón básica: desde que Felipe Calderón asumió el Ejecutivo, le dio un papel estratégico al PRI en las iniciativas de su interés a pesar de ser la tercera minoría entonces, habida cuenta el declarado desconocimiento de su figura que declaró la entonces segunda fuerza política, el PRD. Ahora que el Revolucionario Institucional se transforma en primera minoría, si acaso se confirmará el rol clave que el Presidente le asignó a ese instituto político desde 2006.


2- ¿Es un triunfo que proyecta al PRI en la siguiente disputa comicial, en la que se juega la Presidencia nuevamente (2012)? Se da por sentado que el resultado favorable al PRI lo coloca en la mejor posición para encarar ese reto, por encima de sus adversarios, que quedan mal plantados. Ello no es necesariamente cierto: un buen desempeño electoral en estos no da garantía de lo que ocurrirá tres años después. Incluso, una figura rutilante en el firmamento de la política, de quien se estima será el próximo candidato presidencial, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, no tiene per se una ventaja irremontable, pues le falta dirimir su candidatura al seno de su partido (recuérdese la última fractura en el partido, resultado de un pleito por quién se quedaba con la dirigencia nacional ante la sucesión presidencial en puerta), mantenerse en la arena pública sin cometer deslices de relevancia (recuérdese el escándalo por sus propiedades del también gobernador de ese estado, Arturo Montiel, quien tuvo que renunciar en 2005 a sus aspiraciones) y someterse a una competencia real con otras dos fuerzas políticas que no están muertas (nadie apostaba seriamente por Felipe Calderón cuando anunció sus pretensiones, máxime porque debía encarar al favorito del entonces presidente Vicente Fox). En pocas palabras, como lo muestra la experiencia posterior a 2003, los comicios intermedios pueden tener menor incidencia de la que se cree cuando se trata de la disputa por la presidencia, porque existen muchos eventos -internos y externos a la propia organización-que hacen más complejo el panorama a futuro.

Ahora bien, a la estela del ganador le siguen las de los perdedores. En el caso del PAN, el partido gobernante, ha sido el más dañado no solamente por su derrota en la representación congresional, sino porque ha perdido importantes alcaldías, algunas de ellas bastiones “históricos”: Guadalajara, Cuernavaca, Naucalpan. Los datos optimistas son apenas dos: el triunfo en una gubernatura, que experimenta por primera vez la alternancia local (Sonora) y los triunfos en tres delegaciones de la capital del país, una de ellos arrebatándosela al PRD de forma sorprendente. El daño ha sido tal que el dirigente nacional de ese partido ha anunciado -después de reunirse con el presidente Calderón- su renuncia al cargo por su responsabilidad en el resultado electoral adverso. La insatisfacción presidencial es evidente; el partido debe reorientar la ruta para mantener a flote la gestión gubernamental en el segundo trienio que se inaugura en diciembre.

El caso del PRD es, quizás, el más lamentable. Siendo la izquierda más poderosa que se ha construido en el país en los últimos años, habiendo gestado una candidatura presidencial en 2006 que estuvo a pocos votos de lograr hacerse del poder nacional, hoy se enfrenta a uno de sus peores resultados: tiene menos de 13% de los votos, de acuerdo con el PREP, y tendrá 72 legisladores de 127 que tenía hasta esta legislatura, de acuerdo con las estimaciones a la mano. La cuenta habrá que cargársela no solamente a su ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien se dedicó a hacer campaña en varios estados por dos partidos pequeños, también a las corrientes o “tribus” que se reparten el poder interno. Vale decir que no es nueva la división en el partido en grupos antagónicos, pero lo sí lo es que este enfrentamiento mine seriamente la presencia electoral de la izquierda. La fragmentación es un escenario cercano, pues lo que tenía que perder este partido lo ha perdido ya en estos comicios; resta saber si habrá la decisión para ajustar cuentas con aquellos que, sin dejar su militancia (los “lopezobradoristas”), sabotearon el trabajo del partido en toda la línea.

(*)Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México

¿Centroamérica otra vez? Sobre la crisis hondureña y algo más

jueves, 2 de julio de 2009


por Salvador Martí i Puig (*) y Diego Sánchez Ancochea (**)


Las tensiones que venían arrastrándose durante los últimos meses entre el Presidente de Honduras, Miguel Zelaya (conocido popularmente como “Mel”), y el Congreso y la Corte Suprema de Justicia tuvieron como desenlace el secuestro del primero por parte de las Fuerzas Armadas y su traslado a Costa Rica. La secuencia de los hechos que ocurrieron durante el último fin de semana de junio es de sobra conocida: los medios han dado una extensa cuenta de lo ocurrido, mostrando imágenes que se pensaban desterradas de la realidad política de América Latina.

El secuestro del Presidente ha dado lugar a una bienvenida y unánime condena internacional, pero también a posiciones que quieren repartir culpas de forma equitativa entre el Presidente y sus críticos. Creemos que esto es una equivocación llena de riesgos y de olvidos históricos: lo más importante ahora es denunciar la injerencia del Ejército en el proceso democrático y, una vez hecho eso, llevar a cabo análisis sosegados del porqué de estos acontecimientos. Ese análisis, por otra parte, debería superar la fijación de algunos con Hugo Chávez y partir de la situación real de Centroamérica.

Zelaya llegó al poder como candidato del tradicional Partido Liberal tras ganar unas apretadas elecciones (con el 49.9% de los sufragios) el día 27 de noviembre de 2005 en las que participaron el 50.3% del padrón electoral. Desde su victoria el Presidente de Honduras imprimió a su mandato unas formas algo dicharacheras: usaba indumentaria informal, vestía sombrero de paja, cantaba y tocaba la guitarra en público, arengaba a las masas y, sobre todo, había empezado a aliarse con actores políticos diferentes a los tradicionales. Su comportamiento pudo rayar a veces en la irresponsabilidad y el populismo pero era, en gran parte, reflejo de la realidad hondureña que se ha hecho cada vez más compleja y en la que las demandas de los ciudadanos se han multiplicado. Honduras es, además, el país más pobre de la región después de Haití y, según la CEPAL el 64% de la población está en situación de pobreza. El precio de sus productos de exportación tradicionales (el café, el plátano y las gambas) ha caído en el mercado internacional y las maquilas textiles, que crecieron rápidamente por más de una década se enfrentan ahora con la creciente competencia de China.

El conflicto reciente entre el presidente Zelaya y el resto de estamentos del Estado va así mucho más allá del debate sobre “la cuarta urna”, la reforma de la Constitución de 1982 o la reelección presidencial, y refleja problemas más profundos en Honduras y el resto de Centroamérica. La región se enfrenta a todas las tensiones creadas por dos décadas de políticas económicas insatisfactorias (que, en general, han dado como resultado poco crecimiento y más desigualdad), instituciones débiles y democracias frágiles y elitistas. Son sociedades que han sido incapaces de responder a las necesidades más elementales de sus ciudadanos, de crear nuevos cauces de participación social y política, y donde la “voz” ha sido sustituida por la “salida” migratoria (por utilizar el análisis tradicional de Albert Hirschman).

Los problemas de fondo de Centroamérica han quedado a veces escondidos por una descripción excesivamente optimista del cambio en la región, tanto entre organismos internacionales como en los medios académicos. Buen ejemplo de ello es un libro aparecido hace un mes y titulado Democracias en transición en Honduras y Nicaragua donde uno de los articulistas, Juan Rial, expone que “la reducción pacífica de la influencia del ejército en el país, la promoción de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil han sido el centro de los cambios de Honduras en las dos últimas décadas”.

Otros análisis que sí que reconocen los problemas estructurales de la región, apuntan a factores cuando menos cuestionables. Un conocido analista, por ejemplo, ha enfatizado dos elementos, a saber, el chavismo que asusta a las élites y genera autoritarismo, y la desmilitarización de los estados que ofreció en bandeja los países al narcotráfico. Sin bien es correcto señalar los efectos perversos de la “narcotización” de las economías y las instituciones centroamericanas, no compartimos en absoluto el resto de los componentes de dicho análisis. El autoritarismo no se desterró con la pacificación: los liberales en Nicaragua, ARENA en El Salvador, las etéreas formaciones y los “poderes ocultos” en Guatemala y los tradicionales partidos hondureños no supusieron, bajo ningún concepto, la democratización (ni operativa ni cultural) de la región. Más aun, los estados no se desmilitarizaron, ya que las Fuerzas Armadas, si bien cedieron protagonismo frente a las elites civiles, no dejaron de jugar un cuestionable papel de árbitros y los aparatos paramilitares, alentados en el marco de la guerra contrainsurgente, se reconvirtieron rápidamente en la industria del crimen organizado.

La influencia del chavismo con su retórica histriónica y con abundantes y poco exigentes recursos procedentes de las rentas petroleras ha crecido en algunos países de la región, pero no puede ser vista como determinante de los conflictos y el malestar. No nos olvidemos que la llegada de Chávez no ha supuesto en ningún país la renuncia al proyecto regional norteamericano centrado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA en sus siglas en inglés). Chávez, con toda su retórica maniquea ha asustado al statu quo regional, pero es un factor relativamente menor en una región donde las fallas y las debilidades internas son profundas y se resisten a desaparecer.

Así las cosas, el golpe de Estado en Honduras es una oportunidad de volver la mirada a Centroamérica y hacer frente a los graves problemas para lograr un desarrollo incluyente y democrático en la región. Se trata primeramente de recuperar el orden constitucional y democrático pero se trata, más aun, de encontrar nuevas formas de superar la pobreza, la exclusión, el elitismo, el autoritarismo. Estos mismo elementos supusieron hace tres décadas el estallido de un conflicto social que se cobró la vida de más de 350.000 personas y en el presente siguen sin resolverse de forma exitosa.

En el caso de Honduras se ha podido constatar la resistencia de las elites tradicionales –que controlan el Congreso y demás resortes institucionales- a cualquier tipo de cambio. Estas mismas elites son las que han operado en el marco de un diseño institucional que les favorecía y han lanzado al Ejército contra el Presidente. Pero además lo acontecido trasciende ampliamente el caso concreto de Honduras y es una señal de que dos complejas y difíciles décadas de transición política están hoy en jaque.


(*) Universidad de Salamanca

(**) Universidad de Oxforfd

Argumentos para una crisis

miércoles, 1 de julio de 2009

El golpe de Estado en Honduras provocó la reacción de los académicos latinoamericanos. En los principales blogs y sitios de internet pueden leerse declaraciones de apoyo a la democracia en ese país. Sin embargo, a la hora de tener que interpretar lo que está pasando la unanimidad desaparece. Ahora aquí, Juan Carlos Gómez Leyton y Jesús Tovar, desde primera fila de la ciencia política latinoamericana, presentan sus argumentos. Se abre el debate.

Dada la gran cantidad de correos que han llegado con motivo de los diversos artículos publicados, les recuerdo que está habilitada la sección comentarios al final de cada entrada. Para usarla, solo deben hacer clik en ella y dejar su comentario, no necesitan estar registrados con ninguna cuenta google.

A propósito de Honduras.


LA DERIVA AUTORITARIA EN HONDURAS Y EN CENTROAMERICA:

LA ZAGA CHAVISTA A NIVEL CONTINENTAL

Jesús Tovar (*)

¿Qué va a pasar en Honduras? Una posible trayectoria es la siguiente: Zelaya regresará al poder con el apoyo de la comunidad internacional, movilizaciones sociales cada vez más crecientes, repentinos y arrepentidos aliados al interior de la clase política, y algunos mandos militares que negociaran amnistías. Más adelante, el reinstalado presidente hondureño no tendrá ningún contrapeso político para asegurar el camino de la reelección que fue el punto de quiebre de la actual crisis política.

Esto es una síntesis que anuncia una nueva deriva autoritaria en Honduras: la desaparición del sistema de partidos, el cese del actual congreso y nuevas elecciones legislativas – a la par de un plebiscito que legitime la reelección del presidente – que configuraran un parlamento de mayoría gubernamental absoluta, y por supuesto, la definición abierta de Honduras como parte del proyecto continental del “nuevo socialismo del siglo XXI” de Chávez.

Es el momento más propicio para una nueva ofensiva chavista en Centroamérica: ya tendría dos gobiernos firmemente aliados en la región – Honduras y Nicaragua – y otro de inclinación reciente como es el nuevo presidente Funes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. De allí en adelante, sólo faltaría “capturar” a los socialdemócratas Arias en Costa Rica y Colom en Guatemala, el primero con muchas ganas de re-elegirse y el segundo con serios problemas de legitimidad en su país por las acusaciones del asesinato de un opositor político.

Para asegurar el corredor centroamericano al proyecto chavista, solo faltaría un acercamiento estratégico con el nuevo presidente Martinelli de Panamá, el cual llega al poder criticando a la “clase política tradicional” y quien enfrentaría una oposición de los poderosos sindicatos de construcción, educación y sanidad controlados por el ex gobernante e izquierdista Partido Revolucionario Democrático. Martinelli es más un empresario de la política que un político profesional, de tal modo que el pragmatismo es su bandera ideológica, así el petróleo venezolano y una tregua política interna son argumentos más que suficientes para que Chávez negocie su influencia en Panamá.

La debacle republicana en Estados Unidos, la crisis económica internacional, el acrecentamiento de la pobreza en el continente y el auge izquierdista en América Latina son los ejes de apuntalamiento de una globalización continental del proyecto chavista. Ante esto, la administración estadounidense reacciona con lentitud, quizás como corresponde a nuevos funcionarios que recién se acomodan en un escenario internacional muy complicado. Mientras tanto, los gobiernos de derecha y adversos al chavismo – México, Perú y Colombia – se encuentran a la defensiva en el plano internacional, dados los serios problemas de política interna que enfrentan, muchos de los cuales se vinculan con cuestionamientos de legitimidad que provienen de beligerantes sectores de izquierda en sus propios países.

La formula autoritaria parece regresar con nuevos rostros en América Latina: reelección indefinida de presidentes, sometimiento de los poderes del estado al ejecutivo, control de la prensa, plebiscitos y referéndums como mecanismo de legitimación de la autoridad – debilitando las intermediaciones propias de la democracia representativa como son los partidos políticos y el poder legislativo. Esta nueva careta autoritaria se apropia del concepto de democracia y de su legitimidad correspondiente, a la par que aprovecha la desigualdad y la pobreza que gobiernos anteriores sólo supieron incrementar, para configurar un proyecto político de “nueva izquierda” de demostrada ineficiencia en políticas públicas internas pero de gran audacia y efectividad en el plano internacional.

Toluca (México), 1° de Julio de 2009

(*) Presidente de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina

El peligroso poder constituyente


Juan Carlos Gómez Leyton (*)

Una vez más la tendencia más soterrada, oscura, denigrante, infame y permanente de la historia de Nuestra América se hace presente en Honduras para atacar a su pueblo y a las instituciones democráticas: el autoritarismo militar.
En la madrugada del domingo 28 junio las fuerzas armadas hondureñas dieron un Golpe de Estado en contra del gobierno legítimo del Presidente Manuel Zelaya. Las elites de poder parapetadas en el Poder Legislativo y en la Corte Suprema llevaron acabo el secuestro, destitución y expulsión del Presidente Constitucional Manuel Zelaya, acción que venían preparando y urdiendo desde hace días, especialmente, desde cuando el Presidente destituyó al jefe de Estado Mayor del Ejército Romeo Vásquez, por oponerse a cumplir un mandato del primer mandatario. Según las informaciones disponibles el presidente Zelaya había convocado a la ciudadanía hondureña ha participar en una consulta, justamente el domingo 28 de junio, en palabras de Zelaya se trataba de una “encuesta de opinión”, relativa a conocer la opinión de los y las ciudadanas sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar o modificar sustantivamente el actual régimen político hondureño.
Si la acción del poder militar, del poder político legislativo y judicial como de las clases dominantes hondureñas tiene como justificación oponerse a la posibilidad de que la ciudadanía hondureña pueda adherir masivamente a la convocatoria de una Asamblea Constituyente; vale la pena preguntarse que tiene de peligroso para las clases políticas y sociales dominantes la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Nada menos que perder el control del poder político del Estado.
Efectivamente, desde hace más de una década en Nuestra América la estrategia política de las ciudadanías descontentas ha sido exigir, promover, convocar, instalar Asambleas Constituyentes con el objeto de promulgar nuevos textos constitucionales. Los cuales tengan la virtud de ser elaborados y aprobados a través de mecanismos esencialmente democráticos y participativos. Los procesos constituyentes convocados por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo tienen su antecedente político en la convocatoria ciudadana colombiana a inicios de la década de los noventa, cuando más de 5.000.000 de colombianos y colombianas exigieron a través de una “séptima papeleta” la realización de una Asamblea Constituyente. Los poderes constituidos debieron en aquella oportunidad aceptar la demanda ciudadana convocando a dicha instancia, y la ciudadanía colombiana elaboro una de las constituciones políticas más democrática de todas las producidas hasta esa fecha de Nuestra América.
Esa estrategia ha sido implementada en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, los diversos movimientos sociales y políticos que se han desplegado en otros países de la región han levantado de manera persistente la demanda por una Asamblea Constituyente para impulsar e institucionalizar el cambio político en sus respectivas sociedades.
El éxito político de las Asambleas Constituyentes en producir cambios significativos en la estructura jurídico-político institucional de los Estados es de tal envergadura que da inicio a procesos, eminentemente, revolucionarios. Sin lugar a dudas, que los casos boliviano, venezolano y ecuatoriano son ejemplos vivos de la importancia histórica y política del despliegue del poder constituyente ciudadano. Por esa razón, actualmente la sola idea de convocar a una instancia de esa naturaleza aterra a las elites de poder y del poder.
El poder constituyente ciudadano es peligroso. Y, esa es una poderosa razón que tienen las clases dirigentes constituidas para oponerse a él. Este poder tiene ciertas propiedades políticas que lo convierten en un práctico instrumento político democrático para producir un cambio jurídico-político institucional radical, o sea, revolucionario.
Plantear y reclamar el poder constituyente es hablar de democracia. Pues, este no ha sido sólo considerado la fuente omnipotente y expansivo que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento jurídico-político, sino también el sujeto de esta producción; una actividad igualmente omnipotente y expansiva: la política democrática.
El poder constituyente como poder ciudadano omnipotente es, en efecto, la manifestación misma de la revolución política. Pero, este no sólo es omnipotente, es también expansivo, su ilimitación no es sólo temporal sino también espacial. Es un poder subversivo que busca constituir todo de nuevo. De ahí de su radicalidad y potencia del acto constituyente. El orden político democrático no se sostiene en el poder constituido sino en el poder constituyente.
El recurso a este poder por parte del movimiento social popular y ciudadano alternativo en la última década en Nuestra América ha significado la derrota permanente de las fuerzas antidemocráticas y autoritarias vinculadas con los poderes sociales, económicos y políticos tradicionales y capitalistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Honduras como integrante del ALBA, bajo la conducción de Manuel Zelaya buscaba seguir el camino trazado por Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez de impulsar la reforma constitucional a través de una Asamblea Constitucional. Contaba para ello con el apoyó de las organizaciones obreras, populares, estudiantiles y el partido de izquierda Unificación Democrática. Se manifestaron en contra la Iglesia Católica, la Corte Suprema, los dueños de los medios de comunicación y el Partido Liberal. Y, por cierto, las fuerzas armadas hondureñas.
La fractura política que produjo la decisión de realizar la consulta popular polarizo a la sociedad de manera inmediata, pues ante la posibilidad de que el poder ciudadano se pronunciara a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, los poderes dominantes reaccionaron atentando en contra de la institucionalidad democrática.
Este golpe de Estado no es sólo en contra del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya es en contra la democracia, en contra de los ciudadanos y ciudadanas, en contra del pueblo y su poder.
Como he sostenido el poder constituyente es una de las armas más poderosa en el arsenal que dispone la democracia y especialmente, el constitucionalismo democrático y progresista. Por lo tanto, los ciudadanos democráticos radicales debemos avalar la legitimidad política que tiene su convocatoria por encima de cualquier otra acción política.
Las acciones sociales y colectivas impulsadas en las sociedades latinoamericanas en los últimos años por los sectores populares, campesinos, indígenas, obreros y trabajadores, estudiantiles, anti-neoliberales y progresistas debieran llevar a las y los ciudadanos nacionales a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el actual poder constituido por el poder constituyente ciudadano nacional. Transformar la justa electoral de diciembre próximo en la gran oportunidad política-electoral para pronunciarse a favor de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer de la sociedad chilena una sociedad verdaderamente democrática.
Recuperando de esa forma la potencia de la política democrática hoy en manos de los traficantes de la palabra y de las esperanzas, de los discursos vacíos e infértiles de la política espectáculo.
Rechazamos abiertamente el Golpe de Estado en Honduras y avalamos, con mayor razón, la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para recuperar y profundizar la democracia en la sociedad hondureña y, sobre todo, en Nuestra América.

Santiago Centro, junio 2009

(*) Director Académico del Doctorado Procesos Sociales y Políticos en América Latina de la Universidad ARCIS - Chile