José Esteban Castro*
Tener mi base institucional en el lejano noreste inglés sometido a los rigores climáticos característicos de las ciudades del Mar del Norte me ha dado, de algún modo contraintuitivamente, un excelente mirador para pensar en y reconectarme con mi país y mi continente. Entre tantas otras cuestiones que me ocupan en este mirar desde lejos se encuentra lo que denomino la tensión entre justicia ambiental y justicia social en América Latina.
No me acerco a este tema desde una posición genérica o pretendidamente ‘neutra’, por lo cual es bueno esclarecer un poco el punto de partida. Para decirlo en términos sencillos, es bastante transparente, como tendencia, lo que puede esperarse de la política ambiental de las derechas latinoamericanas (bueno, de las derechas en general, con honrosas excepciones que no deben pasar inadvertidas sin embargo), caracterizada por la subordinación de los procesos de la vida a la acumulación privada de capital. Algunas derechas conservadoras, ocasionalmente, se han destacado por promover legislaciones y desarrollos institucionales que buscan preservar el ambiente y el funcionamiento de los ecosistemas, pero con demasiada frecuencia estos mismos actores han ignorado los derechos esenciales de los seres humanos que, de un modo u otro, dependen de o viven en dichos ecosistemas. En todo caso, la tendencia prevaleciente ha sido, ostensiblemente, hacia la destrucción sistemática de la base ecológica, como lo atestigua entre otros ejemplos el proceso de deforestación masiva en Argentina, que según estimaciones en el curso del siglo veinte perdió el 80 por ciento de sus bosques y la parte que aún sobrevive se encuentra sujeta a un proceso de degradación acelerada. El ejemplo de los bosques por cierto puede fácilmente extenderse al caso del agua, un tema que ha ocupado buena parte de mi esfuerzo investigativo en las últimas dos décadas, el aire, los suelos, y en general la base natural de la vida. Sin embargo, mi preocupación fundamental, como sugiero al comienzo, no tiene tanto que ver con la predecible dinámica insustentablemente destructiva de las derechas, sino más bien con los enormes desafíos que confronta la izquierda, genérica y ampliamente hablando, para hacer frente a la crisis socio-ecológica.
En este sentido, el análisis de los procesos políticos latinoamericanos contemporáneos a partir de observar la relación que se establece (o reproduce) entre los sistemas sociales y ecológicos me resulta extremadamente preocupante. Vuelvo a aclarar que mi preocupación no parte de una mirada genérica o pretendidamente ‘neutra’, y agrego que tampoco parto de una visión ecocéntrica, sino que más bien me acerco a este problema desde la óptica de la ecología política crítica cuyo objeto de estudio es la lucha social en torno a la desigualdad y la injusticia ambiental. Quiero también aclarar que mi intención aquí es plantear dudas y cuestionamientos antes que dar pretendidas respuestas o soluciones. Me interesa contribuir a la profundización y extensión de un debate que en mi opinión se encuentra poco desarrollado en las universidades latinoamericanas, especialmente en las ciencias sociales, y muy particularmente en la sociología y en la ciencia política (la geografía y la antropología han tomado la delantera en este debate hace ya tiempo), valgan entre las pocas notables excepciones los excelentes trabajos del grupo de ecología política de CLACSO.
En este sentido, la observación recurrente me sugiere que tanto la teoría como la práctica de la izquierda latinoamericana, hablando siempre en términos muy laxos, se ven marcadas por líneas de tensión y contradicción que llevan a plantear ciertos cuestionamientos: ¿Es posible reconciliar la justicia social con la justicia ambiental? ¿Cuál es el “límite” o “umbral” aceptable de tolerancia a la injusticia ambiental cuando la misma parece incompatible con la justicia social? ¿En qué situaciones sería legítimo subordinar la justicia ambiental a la justicia social? ¿Es posible plantearse esta disyuntiva desde una posición de “izquierda”? Estas preguntas revisten gran relevancia, lo que queda de manifiesto en las grandes disyuntivas éticas y políticas que confrontan los gobiernos progresistas de la región en relación a las contradicciones entre sus políticas ambientales y de desarrollo económico. Valgan como ejemplos los conflictos generados por el proyecto de transvase del Río San Francisco en Brasil, el gasoducto trans-amazónico, la construcción de represas y la minería a cielo abierto en los diversos países de la región, la introducción de cultivos transgénicos, la continua deforestación, la destrucción de la biodiversidad y de la fertilidad de las mejores tierras del continente, la privatización y mercantilización del agua y sus servicios esenciales, la gestión pública de los desastres “naturales”, el tema nuclear (no debatido prácticamente por las ciencias sociales de la región), el impacto social de los procesos de cambio climático, la militarización del control de la naturaleza (entendida como “recurso natural”). ¿Será que implícitamente se acepta la hipótesis del politólogo norteamericano Ronald Inglehart según la cual la preocupación por cuestiones ambientales pertenecería a la etapa post-material del desarrollo social, una característica avanzada que aún se encuentra en el futuro distante para la mayoría de las sociedades menos desarrolladas? Aunque la hipótesis de Inglehart ha sido consistentemente rechazada en el plano del conocimiento, la práctica política, incluyendo la de los gobiernos progresistas en relación a los ejemplos mencionados más arriba, frecuentemente parece haber asumido dicha hipótesis como presupuesto de su política ambiental y de desarrollo.
Con el afán de contribuir al debate crítico, en primer lugar, sería conveniente examinar la existencia de obstáculos epistemológicos e inobservables que frenan tanto el avance de la producción de conocimiento como la acción práctica sobre estos problemas. Específicamente es importante revisar los presupuestos de las tradiciones desarrollistas de la izquierda, de gran vigencia en la actualidad, a la luz de los debates recientes sobre la contribución de las ciencias sociales, y muy particularmente del marxismo, a la crítica del desarrollo insustentable. No quiere decir que esto no se haya hecho, y existen notables ejemplos en América Latina de esfuerzos intelectuales orientados en esa dirección, pero siguen siendo esfuerzos de alcance limitado, que deben profundizarse y extenderse con urgencia.
En segundo lugar, es importante discutir el repliegue de la izquierda al “presente”, con un predominio de la visión hodiocéntrica, ahistórica, característica de la economía neoclásica y de las tecno-ciencias pero que en las últimas décadas ha permeado también a las ciencias sociales y a las estrategias de los sectores progresistas comprometidos con la justicia social. ¿Cómo recuperar la capacidad de distanciamiento crítico con respecto a la realidad inmediata, la perspectiva histórica, el análisis de los futuros posibles?
En tercer lugar, y para concluir, cabe plantearse el problema en su dimensión ética, y muy especialmente en relación al proceso de autonomización del plano moral y la subordinación de los valores de la izquierda al plano instrumental en nombre del “realismo”, la “eficacia” y el pragmatismo político que caracterizan en gran medida la relación entre política ambiental y desarrollo social tanto en la teoría como en la práctica. Como dice el filosófo marxista Adolfo Sánchez Vázquez,
“Tratar de remover los obstáculos que se interponen efectivamente a la realización de los valores negados o angostados en nuestras comunidades reales: dignidad humana, derechos humanos, libertad, igualdad, democracia, justicia, necesita de una política en la que se conjuguen indisolublemente sus lados axiológico e instrumental; que haga del poder a conquistar, mantener o transformar un medio y no un fin, o también un medio al que se trate de acceder o mantener sin entrar en contradicción con el fin. Ahora bien, esta política lejos de poder hacerse al margen de la dicotomía de derecha e izquierda, puede y debe ser asumida por las fuerzas que optan por los valores y fines que definen a la izquierda” (Ética Marxista).
Cabría agregar: esa política requiere la superación de las contradicciones aparentemente irresolubles entre los requerimientos de la justicia ambiental y la justicia social. A su vez, en el plano intelectual este desafío requiere una ruptura epistemológica que permita alcanzar niveles más elevados de coordinación interdisciplinaria en la producción de conocimiento científico sobre las relaciones sociedad-naturaleza, un proceso en el que las ciencias sociales latinoamericanas están llamadas a jugar un papel central.
*José Esteban Castro es Catedrático en Sociología en la Universidad de Newcastle, Inglaterra (http://www.staff.ncl.ac.uk/j.e.castro/). Es egresado de la Carrera de Sociología de la UBA (promoción 1988) y fue Investigador del CONICET basado en el Instituto Germani entre 1988 y 1990, cuando inició estudios de posgrado en la FLACSO México (1990-1992) para posteriormente realizar un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford (1993-1998).
No me acerco a este tema desde una posición genérica o pretendidamente ‘neutra’, por lo cual es bueno esclarecer un poco el punto de partida. Para decirlo en términos sencillos, es bastante transparente, como tendencia, lo que puede esperarse de la política ambiental de las derechas latinoamericanas (bueno, de las derechas en general, con honrosas excepciones que no deben pasar inadvertidas sin embargo), caracterizada por la subordinación de los procesos de la vida a la acumulación privada de capital. Algunas derechas conservadoras, ocasionalmente, se han destacado por promover legislaciones y desarrollos institucionales que buscan preservar el ambiente y el funcionamiento de los ecosistemas, pero con demasiada frecuencia estos mismos actores han ignorado los derechos esenciales de los seres humanos que, de un modo u otro, dependen de o viven en dichos ecosistemas. En todo caso, la tendencia prevaleciente ha sido, ostensiblemente, hacia la destrucción sistemática de la base ecológica, como lo atestigua entre otros ejemplos el proceso de deforestación masiva en Argentina, que según estimaciones en el curso del siglo veinte perdió el 80 por ciento de sus bosques y la parte que aún sobrevive se encuentra sujeta a un proceso de degradación acelerada. El ejemplo de los bosques por cierto puede fácilmente extenderse al caso del agua, un tema que ha ocupado buena parte de mi esfuerzo investigativo en las últimas dos décadas, el aire, los suelos, y en general la base natural de la vida. Sin embargo, mi preocupación fundamental, como sugiero al comienzo, no tiene tanto que ver con la predecible dinámica insustentablemente destructiva de las derechas, sino más bien con los enormes desafíos que confronta la izquierda, genérica y ampliamente hablando, para hacer frente a la crisis socio-ecológica.
En este sentido, el análisis de los procesos políticos latinoamericanos contemporáneos a partir de observar la relación que se establece (o reproduce) entre los sistemas sociales y ecológicos me resulta extremadamente preocupante. Vuelvo a aclarar que mi preocupación no parte de una mirada genérica o pretendidamente ‘neutra’, y agrego que tampoco parto de una visión ecocéntrica, sino que más bien me acerco a este problema desde la óptica de la ecología política crítica cuyo objeto de estudio es la lucha social en torno a la desigualdad y la injusticia ambiental. Quiero también aclarar que mi intención aquí es plantear dudas y cuestionamientos antes que dar pretendidas respuestas o soluciones. Me interesa contribuir a la profundización y extensión de un debate que en mi opinión se encuentra poco desarrollado en las universidades latinoamericanas, especialmente en las ciencias sociales, y muy particularmente en la sociología y en la ciencia política (la geografía y la antropología han tomado la delantera en este debate hace ya tiempo), valgan entre las pocas notables excepciones los excelentes trabajos del grupo de ecología política de CLACSO.
En este sentido, la observación recurrente me sugiere que tanto la teoría como la práctica de la izquierda latinoamericana, hablando siempre en términos muy laxos, se ven marcadas por líneas de tensión y contradicción que llevan a plantear ciertos cuestionamientos: ¿Es posible reconciliar la justicia social con la justicia ambiental? ¿Cuál es el “límite” o “umbral” aceptable de tolerancia a la injusticia ambiental cuando la misma parece incompatible con la justicia social? ¿En qué situaciones sería legítimo subordinar la justicia ambiental a la justicia social? ¿Es posible plantearse esta disyuntiva desde una posición de “izquierda”? Estas preguntas revisten gran relevancia, lo que queda de manifiesto en las grandes disyuntivas éticas y políticas que confrontan los gobiernos progresistas de la región en relación a las contradicciones entre sus políticas ambientales y de desarrollo económico. Valgan como ejemplos los conflictos generados por el proyecto de transvase del Río San Francisco en Brasil, el gasoducto trans-amazónico, la construcción de represas y la minería a cielo abierto en los diversos países de la región, la introducción de cultivos transgénicos, la continua deforestación, la destrucción de la biodiversidad y de la fertilidad de las mejores tierras del continente, la privatización y mercantilización del agua y sus servicios esenciales, la gestión pública de los desastres “naturales”, el tema nuclear (no debatido prácticamente por las ciencias sociales de la región), el impacto social de los procesos de cambio climático, la militarización del control de la naturaleza (entendida como “recurso natural”). ¿Será que implícitamente se acepta la hipótesis del politólogo norteamericano Ronald Inglehart según la cual la preocupación por cuestiones ambientales pertenecería a la etapa post-material del desarrollo social, una característica avanzada que aún se encuentra en el futuro distante para la mayoría de las sociedades menos desarrolladas? Aunque la hipótesis de Inglehart ha sido consistentemente rechazada en el plano del conocimiento, la práctica política, incluyendo la de los gobiernos progresistas en relación a los ejemplos mencionados más arriba, frecuentemente parece haber asumido dicha hipótesis como presupuesto de su política ambiental y de desarrollo.
Con el afán de contribuir al debate crítico, en primer lugar, sería conveniente examinar la existencia de obstáculos epistemológicos e inobservables que frenan tanto el avance de la producción de conocimiento como la acción práctica sobre estos problemas. Específicamente es importante revisar los presupuestos de las tradiciones desarrollistas de la izquierda, de gran vigencia en la actualidad, a la luz de los debates recientes sobre la contribución de las ciencias sociales, y muy particularmente del marxismo, a la crítica del desarrollo insustentable. No quiere decir que esto no se haya hecho, y existen notables ejemplos en América Latina de esfuerzos intelectuales orientados en esa dirección, pero siguen siendo esfuerzos de alcance limitado, que deben profundizarse y extenderse con urgencia.
En segundo lugar, es importante discutir el repliegue de la izquierda al “presente”, con un predominio de la visión hodiocéntrica, ahistórica, característica de la economía neoclásica y de las tecno-ciencias pero que en las últimas décadas ha permeado también a las ciencias sociales y a las estrategias de los sectores progresistas comprometidos con la justicia social. ¿Cómo recuperar la capacidad de distanciamiento crítico con respecto a la realidad inmediata, la perspectiva histórica, el análisis de los futuros posibles?
En tercer lugar, y para concluir, cabe plantearse el problema en su dimensión ética, y muy especialmente en relación al proceso de autonomización del plano moral y la subordinación de los valores de la izquierda al plano instrumental en nombre del “realismo”, la “eficacia” y el pragmatismo político que caracterizan en gran medida la relación entre política ambiental y desarrollo social tanto en la teoría como en la práctica. Como dice el filosófo marxista Adolfo Sánchez Vázquez,
“Tratar de remover los obstáculos que se interponen efectivamente a la realización de los valores negados o angostados en nuestras comunidades reales: dignidad humana, derechos humanos, libertad, igualdad, democracia, justicia, necesita de una política en la que se conjuguen indisolublemente sus lados axiológico e instrumental; que haga del poder a conquistar, mantener o transformar un medio y no un fin, o también un medio al que se trate de acceder o mantener sin entrar en contradicción con el fin. Ahora bien, esta política lejos de poder hacerse al margen de la dicotomía de derecha e izquierda, puede y debe ser asumida por las fuerzas que optan por los valores y fines que definen a la izquierda” (Ética Marxista).
Cabría agregar: esa política requiere la superación de las contradicciones aparentemente irresolubles entre los requerimientos de la justicia ambiental y la justicia social. A su vez, en el plano intelectual este desafío requiere una ruptura epistemológica que permita alcanzar niveles más elevados de coordinación interdisciplinaria en la producción de conocimiento científico sobre las relaciones sociedad-naturaleza, un proceso en el que las ciencias sociales latinoamericanas están llamadas a jugar un papel central.
*José Esteban Castro es Catedrático en Sociología en la Universidad de Newcastle, Inglaterra (http://www.staff.ncl.ac.uk/j.e.castro/). Es egresado de la Carrera de Sociología de la UBA (promoción 1988) y fue Investigador del CONICET basado en el Instituto Germani entre 1988 y 1990, cuando inició estudios de posgrado en la FLACSO México (1990-1992) para posteriormente realizar un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford (1993-1998).
