Tierra, territorio y autonomía

La lucha política del movimiento social mapuche
en la sociedad neoliberal chilena

por Juan Carlos Gómez Leyton

La permanente vulneración de los derechos como de su identidad histórica-cultural del pueblo mapuche y el desarrollo de sus procesos reflexivos y de organización social y política le han permitido conformarse en el principal, tal vez, el único movimiento social que hoy se despliega al interior de la sociedad neoliberal avanzada chilena. La actual rebelión mapuche cuestiona todo el orden social construido en Chile en estos últimos treinta y cinco años. En efecto, sus demandas trascienden lo meramente económico, pues desde la década del ochenta, el movimiento social mapuche plantea un cambio en la discusión de sus derechos, en cuanto a presentar estrategias que privilegian la autonomía política territorial. De la reivindicación por tierras se pasa a una demanda por territorios; de una participación en el Estado, hacia una que se centra en la autonomía. Esta transformación en la demanda implica una novedosa forma de relación con el Estado nacional quien, por cierto, niega de manera rotunda y categórica dicha posibilidad de autonomía.

Frente a este cambio y ante las acciones de los comuneros mapuche, los gobiernos concertacionistas han respondido con la violencia directa, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado o recurriendo a legislación de la época de la dictadura militar, como la Ley anti-terrorista, para enfrentar las movilizaciones, las ocupaciones de predios, las manifestaciones callejeras y cualquier otra expresión concreta de las reivindicaciones del pueblo mapuche. En este sentido, ha existido una clara estrategia de criminalización y judicialización del problema mapuche. En otras palabras, el Estado, por una parte, trata de reducir “la cuestión mapuche” al tema económico y de subsistencia obviando el tema de los derechos colectivos como pueblo, es decir, ignora la dimensión política. Y, por otro, criminaliza y judicializa el problema al sobredimensionar las acciones de reivindicación del movimiento social mapuche, recurriendo a la policía y al uso desproporcionado de la fuerza, usando a los medios de comunicación para estigmatizar y descalificar a los mapuche como terroristas y delincuentes y, finalmente, radicar el tema en los tribunales.

La criminalización del problema mapuche ha significado que en último tiempo “solo en la región de la Araucanía cerca de 300 mapuche que han sido acusados ante la justicia, a contar del año 2000, por acciones vinculadas a los conflictos por tierra que involucran a sus comunidades. De estos al menos un 10% han sido acusados de cometer delitos terroristas según a la legislación que data de los tiempos de la dictadura, que ha sido cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos por cuanto permite el uso de testigos sin rostro que debilitan el derecho a la defensa, posibilita largos períodos de prisión preventiva, y establece condenas que duplican las del Código Penal.

La existencia de un régimen político democrático autoritario, de un Estado, en su forma nacional-neoliberal, son la mejor garantía para las clases propietarias que la mantención el orden capitalista no corre peligro. Por esa razón, el conflicto mapuche o la cuestión mapuche seguirá siendo uno de los temas políticos, históricos y culturales no resueltos en la sociedad chilena. Y, tal vez, en la medida que vaya estableciendo alianzas con otros grupos de la sociedad que resisten y se oponen al orden neoliberal, podrán ser fuentes de origen de una crisis política que afecte tanto al régimen político como al Estado. Por el momento, tan sólo el pueblo mapuche se levanta en contra del orden neoliberal.

(*) Doctor en Ciencia Política e Historiador. Director Académico del Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, Santiago de Chile.