¿Centroamérica otra vez? Sobre la crisis hondureña y algo más

por Salvador Martí i Puig (*) y Diego Sánchez Ancochea (**)

Las tensiones que venían arrastrándose durante los últimos meses entre el Presidente de Honduras, Miguel Zelaya (conocido popularmente como “Mel”), y el Congreso y la Corte Suprema de Justicia tuvieron como desenlace el secuestro del primero por parte de las Fuerzas Armadas y su traslado a Costa Rica. La secuencia de los hechos que ocurrieron durante el último fin de semana de junio es de sobra conocida: los medios han dado una extensa cuenta de lo ocurrido, mostrando imágenes que se pensaban desterradas de la realidad política de América Latina.

El secuestro del Presidente ha dado lugar a una bienvenida y unánime condena internacional, pero también a posiciones que quieren repartir culpas de forma equitativa entre el Presidente y sus críticos. Creemos que esto es una equivocación llena de riesgos y de olvidos históricos: lo más importante ahora es denunciar la injerencia del Ejército en el proceso democrático y, una vez hecho eso, llevar a cabo análisis sosegados del porqué de estos acontecimientos. Ese análisis, por otra parte, debería superar la fijación de algunos con Hugo Chávez y partir de la situación real de Centroamérica.

Zelaya llegó al poder como candidato del tradicional Partido Liberal tras ganar unas apretadas elecciones (con el 49.9% de los sufragios) el día 27 de noviembre de 2005 en las que participaron el 50.3% del padrón electoral. Desde su victoria el Presidente de Honduras imprimió a su mandato unas formas algo dicharacheras: usaba indumentaria informal, vestía sombrero de paja, cantaba y tocaba la guitarra en público, arengaba a las masas y, sobre todo, había empezado a aliarse con actores políticos diferentes a los tradicionales. Su comportamiento pudo rayar a veces en la irresponsabilidad y el populismo pero era, en gran parte, reflejo de la realidad hondureña que se ha hecho cada vez más compleja y en la que las demandas de los ciudadanos se han multiplicado. Honduras es, además, el país más pobre de la región después de Haití y, según la CEPAL el 64% de la población está en situación de pobreza. El precio de sus productos de exportación tradicionales (el café, el plátano y las gambas) ha caído en el mercado internacional y las maquilas textiles, que crecieron rápidamente por más de una década se enfrentan ahora con la creciente competencia de China.

El conflicto reciente entre el presidente Zelaya y el resto de estamentos del Estado va así mucho más allá del debate sobre “la cuarta urna”, la reforma de la Constitución de 1982 o la reelección presidencial, y refleja problemas más profundos en Honduras y el resto de Centroamérica. La región se enfrenta a todas las tensiones creadas por dos décadas de políticas económicas insatisfactorias (que, en general, han dado como resultado poco crecimiento y más desigualdad), instituciones débiles y democracias frágiles y elitistas. Son sociedades que han sido incapaces de responder a las necesidades más elementales de sus ciudadanos, de crear nuevos cauces de participación social y política, y donde la “voz” ha sido sustituida por la “salida” migratoria (por utilizar el análisis tradicional de Albert Hirschman).

Los problemas de fondo de Centroamérica han quedado a veces escondidos por una descripción excesivamente optimista del cambio en la región, tanto entre organismos internacionales como en los medios académicos. Buen ejemplo de ello es un libro aparecido hace un mes y titulado Democracias en transición en Honduras y Nicaragua donde uno de los articulistas, Juan Rial, expone que “la reducción pacífica de la influencia del ejército en el país, la promoción de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil han sido el centro de los cambios de Honduras en las dos últimas décadas”.

Otros análisis que sí que reconocen los problemas estructurales de la región, apuntan a factores cuando menos cuestionables. Un conocido analista, por ejemplo, ha enfatizado dos elementos, a saber, el chavismo que asusta a las élites y genera autoritarismo, y la desmilitarización de los estados que ofreció en bandeja los países al narcotráfico. Sin bien es correcto señalar los efectos perversos de la “narcotización” de las economías y las instituciones centroamericanas, no compartimos en absoluto el resto de los componentes de dicho análisis. El autoritarismo no se desterró con la pacificación: los liberales en Nicaragua, ARENA en El Salvador, las etéreas formaciones y los “poderes ocultos” en Guatemala y los tradicionales partidos hondureños no supusieron, bajo ningún concepto, la democratización (ni operativa ni cultural) de la región. Más aun, los estados no se desmilitarizaron, ya que las Fuerzas Armadas, si bien cedieron protagonismo frente a las elites civiles, no dejaron de jugar un cuestionable papel de árbitros y los aparatos paramilitares, alentados en el marco de la guerra contrainsurgente, se reconvirtieron rápidamente en la industria del crimen organizado.

La influencia del chavismo con su retórica histriónica y con abundantes y poco exigentes recursos procedentes de las rentas petroleras ha crecido en algunos países de la región, pero no puede ser vista como determinante de los conflictos y el malestar. No nos olvidemos que la llegada de Chávez no ha supuesto en ningún país la renuncia al proyecto regional norteamericano centrado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA en sus siglas en inglés). Chávez, con toda su retórica maniquea ha asustado al statu quo regional, pero es un factor relativamente menor en una región donde las fallas y las debilidades internas son profundas y se resisten a desaparecer.

Así las cosas, el golpe de Estado en Honduras es una oportunidad de volver la mirada a Centroamérica y hacer frente a los graves problemas para lograr un desarrollo incluyente y democrático en la región. Se trata primeramente de recuperar el orden constitucional y democrático pero se trata, más aun, de encontrar nuevas formas de superar la pobreza, la exclusión, el elitismo, el autoritarismo. Estos mismo elementos supusieron hace tres décadas el estallido de un conflicto social que se cobró la vida de más de 350.000 personas y en el presente siguen sin resolverse de forma exitosa.

En el caso de Honduras se ha podido constatar la resistencia de las elites tradicionales –que controlan el Congreso y demás resortes institucionales- a cualquier tipo de cambio. Estas mismas elites son las que han operado en el marco de un diseño institucional que les favorecía y han lanzado al Ejército contra el Presidente. Pero además lo acontecido trasciende ampliamente el caso concreto de Honduras y es una señal de que dos complejas y difíciles décadas de transición política están hoy en jaque.

(*) Universidad de Salamanca

(**) Universidad de Oxforfd