La lucha contra la impunidad en Guatemala: el caso de la CICIG

por Jahir Dabroy (*)

América Latina en su conjunto se ha caracterizado por una serie de momentos de crisis e inestabilidad política que han afectado no solo la institucionalidad encargada de mantener el control político, sino también la de ejercer el control social. Los puntos torales al momento de garantizar el sistema democrático son precisamente los que tienen que ver con reglas claras, libertad, acceso a la justicia, cumplimiento de la ley y ausencia de impunidad.

La impunidad debe ser entendida como la “falta de castigo”, la ausencia de cumplimiento de la ley. Esto genera un encadenamiento de diversos componentes que repercuten en ilegitimidad del sistema democrático, al existir personas que transgredan, instituciones que no hacen cumplir la ley existente, entes de seguridad que sopesan su actuación en función de que el delito no será castigado, entre otros. Esto puede ser mejor comprendido con la siguiente gráfica:

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Cuando la impunidad llega al punto F, el sistema político democrático entra en crisis, por lo que se acentúan las crisis de gobernabilidad, misma que ya fue creciendo entre frontera y frontera, las reglas informales superan a las formales y la incertidumbre es latente y mucho más evidente respectivamente. Además, si se observa con precisión, cada frontera es más delgada conforme se acerca al punto F.

Guatemala, situación alarmante

Guatemala es un país con un alto nivel de violencia criminal. Según la Organización de Naciones Unidas –ONU-, en Guatemala se registran más de 6 mil asesinatos anuales y el porcentaje de casos impunes asciende al 98%, siendo uno de los más altos del mundo.

Bajo ese marco tan limitado de acción de la institucionalidad estatal, la impunidad ha sido motivada también en muchos casos por una clase política vinculada al crimen organizado y a la violencia de Estado. Para nadie es un secreto que esta clase política, ha cooptado las instituciones públicas para que funcionen de acuerdo a sus intereses.

La CICIG, lucha contra la impunidad.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, es una misión la ONU (a petición del Gobierno de Guatemala), que tiene a su cargo desmantelar los cuerpos del crimen organizado que operan en el país, así como evidenciar los nexos que estos tienen con las estructuras de gobierno. La CICIG también puede constituirse como querellante adhesiva en los procesos que se presenten contra personas involucradas en estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

La CICIG mediante la investigación y lucha contra la impunidad busca recuperar y fortalecer la institucionalidad estatal que puede estar vinculada a la existencia de grupos paralelos enquistados en redes públicas. Su trabajo se centra en tres áreas principales y que han sido recurrentemente señaladas de estar permeadas por la impunidad, siendo estos la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario.

La CICIG ha empezado a dar algunos resultados en su lucha contra la impunidad en Guatemala. Dentro de ellos, Carlos Castresana, Comisionado de la CICIG, manifestó recientemente ante la sede de la ONU en New York, que se ha avanzado en las investigaciones contra grupos clandestinos, estructuras paralelas y narcotráfico.

La CICIG ha determinado la infiltración del crimen organizado en todos los poderes del Estado, situación que parecía obvia, pero que toma un mayor realce al ser señalada por el Sistema de Naciones Unidas. Asimismo, señala los vínculos de los cuerpos clandestinos con el sector justicia, el Organismo Legislativo y las empresas privadas, donde sobresalen los medios de comunicación como moldeadores de la opinión pública.

Guatemala fue la primera experiencia de la ONU en investigar al crimen organizado. Luego de la experiencia que se ha adquirido en territorio guatemalteco se decidió implementar una comisión similar para el Líbano, con la diferencia que los casos que en dicho país se investiguen serán llevados ante la Corte Penal Internacional, cosa distinta para Guatemala, donde se respeta la discutida “soberanía nacional”, al ser llevados los casos a tribunales guatemaltecos.

El caso guatemalteco puede sentar un precedente importante para el mundo y especialmente para la región, donde la implementación de mecanismos de acción de la cooperación internacional facilitan la lucha contra la impunidad y fortalecen a la institucionalidad que persigue el delito e impone justicia, para lo cual será necesario el debate público de cada sociedad interesada en implementar un recurso similar.

(*) Politólogo, Universidad de San Carlos de Guatemala